Cámaras en la comunidad
y en el parking

Depende de dónde esté la finca, porque en Cataluña la propiedad horizontal no se rige por la Ley de Propiedad Horizontal estatal sino por el Codi civil de Catalunya, en su libro quinto. Ninguna de las dos normas nombra las cámaras de forma expresa. En Cataluña, un acuerdo que no tiene fijada una mayoría distinta se aprueba por mayoría simple de los propietarios que participan en la votación, que además tiene que representar la mayoría simple de sus cuotas (artículo 553-25); si la instalación exigiera obras que afectan a la estructura o a la configuración exterior del edificio, entraría en juego otra mayoría más alta. Fuera de Cataluña, el precepto que encaja es el artículo 17.3 de la LPH, que pide tres quintas partes del total de propietarios y de cuotas para establecer servicios de vigilancia. En cualquier caso, la cifra exacta para vuestra finca la confirma el administrador al preparar el orden del día, porque el punto tiene que figurar en él para poder votarse.

Puede, pero no por su cuenta. La Agencia Española de Protección de Datos lo resume así: la cámara solo puede captar la plaza de la que es titular quien la instala y una franja mínima de zona común que no sea posible evitar, y necesita la autorización previa de la junta de propietarios, que debe constar en el acta. Es decir, el vecino no puede decidir solo qué parte del garaje común queda grabada, aunque la cámara esté atornillada en su columna y la pague él. En la práctica, eso obliga a pensar el encuadre antes de pedir el permiso: una cámara apuntada a la propia plaza desde el ángulo adecuado capta muy poco pasillo, mientras que una puesta de cualquier manera barre medio sótano, el coche del vecino y la puerta del ascensor. Si un vecino ya tiene una cámara instalada sin ese acuerdo, lo razonable es llevarlo a la siguiente junta en lugar de dejarlo correr, porque la situación no se arregla sola con el tiempo.

Solo las personas que la comunidad designe, y nadie más por el hecho de ser propietario. Lo habitual es que sean el presidente, el administrador o ambos, pero lo importante es que esté decidido y que cada uno entre con su propio usuario y contraseña. La AEPD es tajante en un punto que a algunas comunidades les sorprende: las imágenes no pueden estar accesibles a los vecinos a través del canal de televisión comunitaria, por cómodo que parezca ver el portal desde el salón. Tampoco tiene sentido que la contraseña del grabador circule por el grupo de WhatsApp de la escalera. El grabador, además, tiene que estar en un lugar vigilado o de acceso restringido, no en un armario del rellano que abre cualquiera. Y aunque la norma no exige llevar un registro formal de cada consulta, conviene anotar quién revisó qué y por qué: el día que un vecino pregunte quién ha visto unas imágenes, la comunidad podrá responder con algo más que una suposición.

No como norma general. El acceso a las imágenes está restringido a las personas designadas por la comunidad, y si ese acceso se hace a través de internet, también tiene que estar protegido con un usuario y una contraseña que solo conozcan esas personas. Una aplicación instalada en el móvil de cada propietario con la cuenta del grabador convierte la videovigilancia del edificio en algo que cualquiera puede mirar a cualquier hora, incluidas las entradas y salidas de sus vecinos, que es justo lo que la normativa intenta evitar. Si la comunidad quiere que el presidente o el administrador puedan consultar algo desde fuera, se crea un usuario para cada uno, con los permisos justos, y se retira el día que dejan el cargo. Ese último paso es el que más se olvida: el presidente cambia cada pocos años y su acceso suele seguir activo mucho después. Conviene revisarlo en cada cambio de cargo, igual que se cambian las firmas del banco.

Un mes como máximo desde que se captan, igual que en cualquier otra instalación de videovigilancia; ser una comunidad no cambia el plazo. Pasado ese mes las imágenes se borran, y lo correcto es que lo haga el propio grabador sobrescribiendo lo más antiguo, sin que nadie tenga que acordarse. La excepción es una grabación que acredite un delito o una infracción: en ese caso no se guarda todo el mes siguiente, sino ese fragmento concreto, que acompaña a la denuncia y queda a disposición de la policía o del juzgado. Lo que no vale es que un vecino pida una copia del vídeo para resolver por su cuenta una rayada en el coche: si hay un hecho que denunciar, las imágenes van por el circuito de la denuncia. Y si la policía las pide, lo hace en el marco de una actuación policial o judicial, y ese requerimiento es lo que ampara a la comunidad para entregarlas.

Puede, pero hay que tener claro que no es una función técnica neutra: la AEPD considera que la matrícula de un vehículo es un dato personal, igual que la imagen de una persona, porque permite identificar a alguien de forma indirecta. Captarla y guardarla es, por tanto, un tratamiento de datos, con las mismas obligaciones que el resto de la videovigilancia: una finalidad concreta y justificada, información a quien entra y acceso restringido a los datos. En un parking de pago o en un garaje con muchas plazas, abrir la barrera a los vehículos autorizados puede ser una finalidad razonable; en una comunidad pequeña, activar la lectura de matrículas porque el equipo la trae de serie no lo es. Antes de encenderla conviene decidir para qué se quiere, quién verá ese registro y cuánto tiempo se conserva, y reflejarlo en la documentación de la comunidad o de la empresa titular, no dejarlo en la configuración por defecto del aparato.

Sí. Si las cámaras captan a personas que trabajan en la finca —el conserje, el personal de limpieza, el de mantenimiento del garaje—, a la videovigilancia de la comunidad se le suman las obligaciones de cualquier empresa que graba a trabajadores, y la primera es informarles antes, de forma expresa, de que hay cámaras, dónde están y para qué. La propia ficha de la AEPD sobre comunidades remite a las reglas del control laboral en este punto. También se aplican los mismos límites: nada de cámaras en el cuarto donde el conserje se cambia o descansa, aunque sea un espacio de la comunidad. Si una empresa externa de limpieza o de mantenimiento trabaja en el edificio, conviene que también sepa que hay cámaras, para que lo transmita a su personal. Lo desarrollamos con detalle en el artículo sobre grabar a empleados, que vale igual para una comunidad que contrata a alguien que para cualquier negocio.

No. La responsable del tratamiento es la comunidad de propietarios, y la AEPD lo deja claro: contratar un servicio de videovigilancia externo o encargar la instalación a un tercero no exime a la comunidad de cumplir la normativa de protección de datos. El instalador monta y configura, pero quien decide qué se graba, quién lo ve y cuánto tiempo se guarda es la comunidad, y es a ella a quien se dirige cualquier reclamación. Por eso el cartel lleva el nombre de la comunidad y no el de la empresa que puso las cámaras. Antes de poner el sistema en marcha, además, la comunidad tiene que elaborar el registro de actividades de tratamiento de esta videovigilancia, un documento interno que no se presenta en ningún sitio; la AEPD ofrece la herramienta Facilita RGPD y un modelo en su guía. Una buena instalación deja todo esto encaminado, pero la firma y la responsabilidad siguen siendo de la comunidad.